Las manos manchadas de sangre

Carlos Mesa, el ex presidente boliviano, renunció porque no quería mancharse las manos de sangre. Esa postura demuestra al menos tres cosas: primero, el señor Mesa es una buena persona dotada con un admirable componente de dulzura; segundo, no estaba capacitado para ejercer el poder; tercero, fue una irresponsabilidad total colaborar con la destitución de su antecesor Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 cuando éste utilizó la fuerza pública para tratar de mantener la seguridad de los ciudadanos. Es verdad que hubo varias decenas de muertos, pero la precariedad y la mala preparación de las fuerzas policiales bolivianas, unidas a la agresividad de los manifestantes, hicieron que fuera casi imposible calibrar la represión al extremo de dominar los desórdenes sin que se produjera un número lamentable de muertos.

Quien aspira a ejercer el poder debe saber que la primera responsabilidad de los gobernantes es guardar el orden público y hacer respetar las leyes. Si no se está preparado para asumir esa incómoda tarea, aún a riesgo de derramamiento de sangre, debe dedicarse a otra cosa. El señor Mesa, por ejemplo, era un historiador imagi-nativo y un periodista agudo. No debió abandonar ese ámbito. No servía para mandar. Lincoln, que no era exactamente un guerrero, fue un gran presidente porque no vaciló en utilizar al ejército para contener la sedición del sur. Tan importante como el decreto que puso fin a la esclavitud fue el que firmó para lanzar sus tropas con el objeto de mantener la vigencia de la Constitución. En proporción a la población, desató la guerra con mayor número de bajas nacionales de toda la historia del país. Los norteamericanos veneran su memoria. La mayoría de los bolivianos, en cambio, recordarán al señor Mesa como un hombre amable e irresoluto que le falló a la nación en uno de sus peores momentos.

Porque no es verdad que Mesa cae por la acción del pueblo. Mesa se retiró como consecuencia de su carácter vacilante frente a la injusta violencia ejercida por una minoría agresiva que intimida sin compasión al conjunto de la población. Esos mineros que desfilan lanzando “pequeños” cartuchos de dinamita, como un recordatorio de que mañana pueden ser grandes, no son el pueblo: son un grupo de matones. Esos revoltosos que impiden el paso de los vehículos a las ciudades, sitiándolas como si se tratara de cercar a un castillo medieval, no es el pueblo que lucha por sus derechos conculcados: es una desalmada pandilla de sacatripas y saltamuros que destrozan sin piedad la convivencia civilizada de la ciudadanía.

Es cierto que la sociedad boliviana está dividida y desconcertada entre dos modelos económicos opuestos: el colectivismo comunistoide que propugnan Evo Morales, Felipe Quispe y otros radicales del arco jurásico de la izquierda, frente a quienes desean abrirse al mercado y jugar la moderna carta de la globalización y la democracia, pero el lugar para dirimir esas diferencias no es la calle, sino el Parlamento, y el mecanismo para tomar las decisiones es el voto y no la quema de llantas, las pedradas o los cócteles Molotov contra las oficinas públicas.

Hace varios siglos que en Occidente se aclaró la cuestión: en las sociedades modernas y bien organizadas, el monopolio de la violencia le corresponde al Estado por decisión soberana de la sociedad, generalmente expresada en la legislación. En América Latina se ha olvidado este principio fundamental y proliferan los ocupadores de tierra, los piqueteros, las maras , las narcoguerrillas comunistas, los paramilitares y las simples mafias gangsteriles dedicadas al secuestro, los asaltos y la extorsión. Pero aún más terrible que la existencia de estos grupos, es el elaborado respaldo ideológico que todos suelen encontrar invocando la pobreza general como justificación de sus fechorías.

Bolivia tiene muy mal arreglo. Hay por lo menos tres países que se adversan rencorosamente. Uno, geográfico y económico, lo constituyen La Paz contra Santa Cruz: el altiplano burocrático y antiguo frente al llano productivo, moderno y con vocación industrial. Otro está compuesto por elementos étnicos: los indígenas quechuas y aymaras contra los mestizos y europeos. El tercero es ideológico: la izquierda jurásica, colectivista y autoritaria, empeñada en la autarquía, enfrentada a un centro derecha que cree en la economía de mercado y en las ventajas de la globalización.

En todo caso, a quienes les toque ejercer el poder en medio de esa fragmentación fratricida, habrá que hacerles una pregunta clave: ¿están dispuestos a recurrir a la fuerza para garantizar el orden público y el derecho a la vida de la sociedad? Si dicen que no, o si vacilan, no son aptos para gobernar. La democracia y el Estado de Derecho a veces exigen mancharse las manos de sangre. Peor es el caos, porque el caos conduce inevitablemente al horror.

Junio 12, 2005
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