Cómo perder los amigos y dejar de influir sobre los países

El aeropuerto internacional de Miami, una de las grandes puertas de entrada a Estados Unidos, suele proporcionar la primera impresión del país a millones de extranjeros, lo que a veces puede resultar muy perjudicial.

Hace pocas fechas, tras un agotador vuelo desde Europa, mientras centenares de cansados viajeros esperábamos las casi dos horas que tomó el proceso de entregar los pasaportes y sacar las fotos y las huellas dactilares, un funcionario de inmigración, molesto por las conversaciones de los recién llegados y el alboroto de los niños, salió de su cubículo, se colocó frente a la fila, comenzó a tocar de manera estridente su silbato de policía, y, una vez que se hizo silencio, en forma descompuesta gritó: “cállense y manténganse en orden o los haré arrestar a todos”. Una señora italiana que estaba junto a mí, en voz baja, como con miedo, me dijo: “Dios mío, esto me recuerda a la Unión Soviética”.

Por supuesto que Estados Unidos no se parece a la URSS, y por descontado que ese exabrupto del funcionario de inmigración es la excepción y no la regla, pero es posible que el Departamento de Seguridad Nacional, creado tras los ataques terroristas de septiembre de 2001, de forma involuntaria le esté imprimiendo al país un tono áspero y cuartelero, absolutamente contrario a la hospitalaria tradición americana y a la cortesía de una sociedad que, en las calles, sonríe amablemente a cualquiera, gesto que suele sorprender gratamente a los extranjeros, acostumbrados a esquivar la mirada de los desconocidos.

Pero hay algo más grave. Esa brusquedad oficial a veces trasciende los aspectos formales internos y afecta muy seria y negativamente las relaciones internacionales. En estas fechas, por ejemplo, el poderoso Department of Homeland Security presiona a la Casa Blanca para que, abruptamente, cancele los permisos temporales de residencia legal a cientos de miles de centroamericanos protegidos por los llamados TPS (Temporary Protected Status) otorgados a partir de 1990, y desde entonces renovados periódicamente como una forma de ayudar a unos países golpeados intermitentemente por devastadores ciclones, terremotos y otros desastres naturales.

¿Qué sentido tienen los esfuerzos del Departamento de Estado para fortalecer las economías centroamericanas y estabilizar sus frágiles instituciones democráticas mediante CAFTA, el acuerdo de libre comercio, mientras otra rama del gobierno pide expulsar de Estados Unidos a unas personas generalmente laboriosas y obedientes de la ley que con sus remesas alivian los inmensos problemas de las familias que dejaron en sus países de origen?

Resulta que las naciones afectadas por esa medida, si el presidente Bush comete el disparate de aprobarla, son, precisamente, algunos de los mejores aliados de Estados Unidos en la región: El Salvador, Nicaragua y Honduras. El Salvador, incluso, hasta mantiene un contingente militar en Irak, no tanto por la certeza de que se trata de una guerra justa y necesaria, como por la convicción de que esa es la forma de ayudar al pueblo americano en un conflicto cada vez más impopular, especialmente porque fue Washington, en medio de la guerra fría, quien impidió que el pequeño país centroamericano cayera en manos de las guerrillas comunistas durante las sangrientas batallas de los años ochenta.

Pero, al margen de las consideraciones diplomáticas, quedan los poderosos argumentos que brinda el sentido común. Esos cientos de miles de centroamericanos, muchos de ellos avecindados en el sur de la Florida, una región con menos del 4% de desempleo, que hoy trabajan básicamente en la construcción y la agricultura, pagando impuestos y dando a ambas actividades un ímpetu espectacular, no van a regresar disciplinada y mansamente a sus países de orígenes: se van a mudar a otras ciudades para engrosar la triste masa de trabajadores indocumentados que apenas contribuyen al bienestar general de la nación porque tienen que vivir de forma clandestina, sujetos, muchas veces, a la violencia de las mafias y la delincuencia organizada.

Usualmente, el problema que en el terreno de la inmigración aflige a las democracias prósperas en todo el mundo tiene dos aspectos fundamentales: el primero consiste en tratar de impedir la llegada de los inmigrantes ilegales; el segundo, es cómo regularizar e integrar a los inmigrantes que ya radican en el país. Si el gobierno de Estados Unidos comete la estupidez de ilegalizar a estos cientos de miles de centroamericanos (muchos de cuyos hijos ya hablan inglés y se sienten totalmente “yanquis”), sólo conseguirá perjudicar a los inmigrantes, a los países de donde provienen y a los propios Estados Unidos. Es como la parodia del famoso bestseller de Dale Carnegie: cómo perder amigos y dejar de influir sobre las otras naciones.

Febrero 3, 2006
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