¿Empresarios o Cómplices?

En una porción de América Latina está surgiendo un nuevo modelo económico de carácter colectivista con la complicidad de algunas empresas capitalistas extranjeras. Comenzó a desarrollarlo el gobierno de Fidel Castro en la década de los noventa, como consecuencia del brusco fin de la ayuda soviética, y luego le siguió Venezuela tras la llegada al poder de Hugo Chávez. Muy probablemente, Bolivia se moverá en la misma dirección. Es a esto a lo que Hugo Chávez llama el “socialismo del siglo XXI”.

En 1991, cuando se terminó el subsidio soviético a Cuba, entonces calculado en cinco mil millones de dólares anuales, parecía inevitable el fin del comunismo en la Isla. Súbitamente, los ya muy pobres niveles de consumo de los cubanos se contrajeron entre un 30 y un 50 por ciento colocando al país al borde de una verdadera hambruna. Ante esta situación - que dejó ciegos a unos cuantos millares de cubanos como consecuencia de la desnutrición - , Castro se vio obligado a buscar capital y know - how en Occidente para sostener la declinante economía, pero lo hizo sin renunciar a la dictadura ni al modelo económico basado en monopolios estatales férreamente controlados por el gobierno.

Sencillamente, invitó a los empresarios extranjeros a asociarse al gobierno en unas empresas “mixtas” en las que los inversionistas foráneos aportaban el capital y la administración, mientras el Estado cubano les alquilaba mano de obra dócil y barata, el territorio, y un mercado cautivo que no estaba sujeto a los riesgos de la competencia ni a los conflictos del sindicalismo libre. Para estar seguro de que los empresarios no serían el caballo de Troya de los temidos cambios democráticos, el gobierno nombró a numerosos militares jubilados y a miembros de la policía política como directores y altos ejecutivos de las empresas mixtas, a los que les asignó una doble misión: velar para que los corruptos empresarios extranjeros no contaminaran a los abnegados obreros cubanos y vigilar muy de cerca a los trabajadores para que no se desviaran de los nobles principios del socialismo.

A fines de 1998, cuando Hugo Chávez llegó al poder, ya Castro había comprobado que podía servirse de los capitalistas extranjeros para financiar sin riesgos la muy improductiva dictadura cubana. De manera que el venezolano, poco a poco, comenzó a reexaminar y reescribir los contratos con los inversionistas del exterior, especialmente en el sector de la exploración y explotación de yacimientos petroleros, basado en la misma premisa de su camarada cubano: asociarse a los empresarios internacionales para fortalecer el capitalismo de Estado. Si Lenin había asegurado que los capitalistas estarían dispuestos a vender la soga con que serían ahorcados, Fidel Castro había demostrado que también estarían dispuestos a construir el patíbulo de acuerdo con el verdugo si de ello podían obtener alguna ganancia.

Tras la victoria de Evo Morales, Bolivia es el tercer país que probablemente ensaye ese camino. El vicepresidente Álvaro García Linares, un ex profesor universitario y ex guerrillero condenado a prisión por alzarse contra un gobierno democrático, lo ha declarado recientemente en un texto aparecido en París en Le Monde Diplomatique . Según sus palabras, el país va a desarrollar el “capitalismo andino-amazónico”. ¿En qué consiste ese nuevo engendro? Según don Álvaro, en “ la construcción de un Estado fuerte, que regule la expansión de la economía industrial, extraiga sus excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para potenciar formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico”. Para lograr ese objetivo, que en Bolivia consiste, fundamentalmente, en explotar los grandes yacimientos de gas de que dispone el país, Morales y García Linera van a necesitar asociarse a las grandes empresas extranjeras.

Participar en estas empresas mixtas en países en los que no se respetan los derechos humanos, incluidos los sindicales, debería constituir un serio problema ético para los empresarios e inversionistas extranjeros. Es una absoluta hipocresía decretar que un empresario internacional no debe invertir en aquellos países en los que se explota mano de obra infantil, o donde no se respetan ciertas normas ecológicas, mientras se admite que se asocien con gobiernos tiránicos que maltratan terriblemente a los trabajadores y, en general, a las sociedades a las que sojuzgan.

Las empresas hoteleras extranjeras que operan en Cuba, por ejemplo, aceptan que su socio, el gobierno, practique una política de apartheid prohibiendo que los cubanos puedan utilizar las instalaciones, aún cuando dispongan de divisas. También admiten que en las habitaciones se instalen cámaras clandestinas de video para filmar en la intimidad en situaciones comprometidas a huéspedes a los que luego se chantajea. ¿Hasta qué punto esos empresarios están participando en actividades delictivas? Nótese que no es lo mismo invertir o crear una empresa en un país en el que existe una dictadura que asociarse a los dictadores y convertirse en cómplices de sus fechorías.

En todas las escuelas de negocio del mundo occidental se suele enseñar cursos de ética. Y eso está bien, porque se supone que el sistema de economía de mercado y de libre empresa, contrapartida de la democracia, se sostiene sobre convicciones morales que poseen como norte el sostenimiento de la verdad, el cumplimiento de reglas justas y el respeto por la dignidad de las personas. Si uno espera que los políticos y los profesionales se comporten de acuerdo con un estricto código deontológico, y pedimos que sean castigados cuando se apartan de las normas, ¿por qué excluir a los empresarios de esas mismas obligaciones y servidumbres?

Marzo 07, 2006
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