Haroldo Dilla, desde Santo Domingo
Cubaencuentro, Febrero 20, 2003

En torno al estudio de Alberto Álvarez 'La Transición a la democracia en Cuba', de reciente aparición.

“La Transición a la democracia en Cuba” es el resultado de una investigación que Alberto Álvarez desarrolló durante varios años. Por sus numerosas virtudes intelectuales, esta obra debe ser parte del debate (no concibo mejor ubicación para un trabajo teórico) sobre el futuro de Cuba y la transición que inevitablemente ocurrirá hacia un sistema capitalista y un régimen político-liberal.

El libro está dividido en dos partes. En la primera, el autor recrea la discusión sostenida en los 80 y principios de los 90 sobre las transiciones a la democracia, y lo hace con una notable agudeza crítica. En la segunda, más extensa y más interesante para nuestros fines, Álvarez realiza un análisis de las características de la economía, la sociedad y la política en Cuba a partir de la crisis de los 90, y sugiere la existencia de una serie de escenarios posibles de formas de transición y de puntos de arribo. Tanto en una como en la otra parte, es evidente que el autor se alinea con una perspectiva socialdemócrata, lo que en el plano teórico lo acerca a los planteamientos de autores como Terry Karl y Phillip Schmitter, al mismo tiempo que en el plano propositivo acerca su visión de "lo deseable" a una economía social de mercado y a un sistema político democrático con amplios espacios de participación y auditoría social.

Como tanto los lectores como el autor esperan de este comentario una aproximación crítica al libro, intentaré hacerlo a partir de la discusión de los dos aspectos que considero más polémicos y atractivos: los actores y el escenario final de la transición.

Los actores:

Uno de los retos menos satisfechos de la politología cubanológica ha sido hurgar en la composición, posiciones sectoriales y tendencias evolutivas de la clase política cubana. Durante un tiempo estas interpretaciones se centraron en la existencia de sectores identificados por su pertenencia a los grupos que inicialmente conformaron el Partido Comunista, lo que más tarde dio lugar a otras configuraciones especulativas sobre la adherencia a liderazgos personales. En realidad fueron meditaciones poco fructíferas y de poco fundamento empírico. Y es que se trataba de una especulación muy difícil, dada la monotonía discursiva de la clase política a partir de la repetición, con pocas variaciones, de los textos del presidente cubano.

La crisis de los años 90 mostró las primeras fisuras de esta clase política, sea porque la pérdida de los horizontes teleológicos despertó la imaginación de algunos, o porque la vejez de los líderes históricos animó la ambición sucesoria de otros. Dos de estas estrellas en ascenso —Carlos Aldana y Roberto Robaina— fueron defenestradas en el curso de esta misma década, y aunque son visibles en el actual buró político, figuras con orientaciones diversas, no creo que esta percepción sea suficiente para prefigurar las clásicas distinciones entre softliners, hardliners, moderados, marxistas radicales, etcétera, que abundan en el texto. Mucho menos la potencialidad de estos líderes en un proceso de transición, si nos atenemos al dato simple de que ningún político en Cuba —excepto Fidel Castro— tiene una base política propia, y los que pueden preciarse al menos de tener interlocutores de base poseen plena conciencia de que es una base prestada, delegada, y por consiguiente tan revocable por arriba como volátil desde abajo. La invisibilidad oportuna es la principal condición para la sobrevivencia de un político en Cuba. Probablemente, lo que estamos presenciando hoy con la apertura económica es el surgimiento de una nueva elite que acumula cuotas propias de poder a partir de su relación con el mercado y sus actores internacionales, y que pudiera crear su propia base si la reforma económica avanzara lo suficiente como para desfragmentar los mercados.

Este asunto se torna especialmente complicado cuando se transita al campo de las instituciones, y en particular de las fuerzas armadas. Calificarlas de "duras" o "blandas" es un ejercicio muy relativo. En realidad son "duras" en relación con la política y la democracia, pero al mismo tiempo son notablemente "blandas" en relación con la apertura económica. Como el autor menciona en el libro, ellas han provisto las ideas básicas para las decisiones aperturistas en el campo económico, y en ocasiones ha sido el propio Raúl Castro quien ha enarbolado el discurso pragmático legitimador de esas decisiones. Son sencillamente los proveedores de la opción china, y no como afirma el autor porque estén aferrados a "la dictadura del proletariado" (página 96), tema del cual ya no se acuerdan ni los faraónicos voceros de la escuela Ñico López, sino porque un régimen autoritario es, desde la óptica de los cuarteles, la mejor cobertura política para el esquema de acumulación depredador que le corresponde a una Isla cuyo futuro previsible, como gustaba decir Moreno Fraginals, es ser capitalista y pobre.

No digo que sea una alternativa viable, sino que es una propuesta entre las muchas que habrá que negociar. Y habría que tomar en cuenta que posiblemente estamos hablando de la institución estatal cubana más coherente y legitimada, sea por su éxito comprobado en el campo militar (ofensivo y defensivo) o por su eficacia en acciones de alta resonancia pública, como la defensa civil o la producción de alimentos baratos. A diferencia de lo sucedido en Europa del Este (donde los militares tenían roles muy subordinados) o América Latina (donde los militares estaban muy desacreditados y eran en sí el problema), cualquier transición en Cuba, hasta donde es previsible en la actualidad, tiene que atenerse a la idea de que los militares serán actores claves y muy exigentes en la negociación del poder político y económico. Y probablemente sin las fisuras entre oficiales jóvenes y generales que el autor prefigura en la página 52 sin ofrecer suficiente argumentación demostrativa.

Dentro de los actores, vale la pena discutir algunas de las muy sugerentes ideas avanzadas por Alberto Álvarez sobre la sociedad civil cubana. Sobre este asunto reconoce tres segmentos —la sociedad civil oficial, la sociedad civil emergente y la oposición (páginas 52-53)—, pero en realidad solamente se detiene en la tercero, y resume los dos primeros en unas breves líneas. Es una omisión lamentable, sobre todo si consideramos que las transiciones, como agudamente precisa el autor en la primera parte del libro, tienen que atenerse a las "contingencias estructurales" emanadas de la historia. Me detengo en esta discusión sólo para señalar que estas organizaciones posiblemente también serán partes negociadoras de una transición, o al menos soportes de alguna de las partes, y que todas ellas —oficiales o emergentes— han sido el resultado del fuerte consenso popular en torno al hecho revolucionario, y exponentes de una cultura cívica peculiar.

Más relevante es sin lugar a dudas su análisis sobre los grupos de oposición, sobre los que el autor ofrece datos e interpretaciones novedosos, que constituyen aportes significativos sobre este fenómeno político. Me atrevería, sin embargo, a expresar algunas ideas hipotéticas que no se alinean con varias de las propuestas interpretativas de Alberto Álvarez.

Ante todo, la relevancia de estos grupos es cualitativa, no cuantitativa. Y su importancia cualitativa reside en que por primera vez existen en el espectro político cubano posterior a 1959 grupos organizados que ejercen una oposición antisistémica por medios pacíficos y cuyos programas, salvo excepciones, no remiten a un retorno al pasado pre-revolucionario. El Proyecto Varela, por sus implicaciones públicas, es sin lugar a dudas un punto de no retorno en la historia cubana reciente, tanto por su significado contestatario como por haber inducido al Gobierno cubano a la vulgar aberración de proclamar inmutable al régimen político, sobre lo cual remito al incomparable artículo de Juan Antonio Blanco publicado en el número 25 de Encuentro de la Cultura Cubana.

Y por ello los cálculos sobre la excedencia de sus membresías sobre la que tenía el Movimiento 26 de julio no indica nada sustancial, sencillamente porque a diferencia de los miembros del 26 de julio, estos grupos no aspiran y no podrían planear el asalto a un cuartel ni hacer guerrillas en las montañas orientales. Tampoco parece conducir a lugar alguno el argumento de que en Europa Oriental grupos similares a estos formaron gobiernos, lo cual no creo que sea empíricamente sustentable. Es sintomático que con pocas excepciones, los grupos disidentes este-europeos hayan sido más eficaces en movilizar a las poblaciones en medio de serias crisis políticas y vacíos de poder que en formar gobiernos elegidos.

De esto último se encargaron las viejas nomenclaturas recicladas, pródigas generadoras de liberales, socialdemócratas, democristianos, nacionalistas, fascistas, neoliberales, keynesianos y toda la posible variedad de cosmovisiones políticas que hoy pululan en el mundo. Sucede cuando hay un solo partido. Y al menos de forma hipotética, cabe considerar que Cuba no será excepción. Otra "contingencia estructural".

Por otra parte, y volviendo a la trampa de los números, no importa cuántos grupos sean o cuántos miembros posean, nada indica que hayan logrado una implantación efectiva en la sociedad cubana. Siguen siendo más impactantes en el exterior que dentro de la Isla. Es cierto que a ello contribuye la injustificable represión del Gobierno. Pero si el régimen puede reprimirlos es sencillamente porque los costos de la represión son mucho menores que los costos probables de la tolerancia. No se trata de una valoración ético-emotiva, sino de puro realismo político.

El incierto punto de desembarco:

En sus páginas finales, el libro entra en una discusión realmente apasionante acerca de los escenarios posibles de la transición, tomando en cuenta las posibles posiciones de la elite y de las masas. Sobre ello no me detengo, sino para recomendar su lectura crítica por constituir un excelente compendio de análisis de situaciones. Prefiero dedicar el espacio restante a debatir, a partir de las propuestas de Alberto Álvarez sobre cuál puede ser el futuro del país, el diseño distributivo de recursos y valores y las formas políticas que deben acompañar este diseño.

En la explicación que el autor nos ofrece hay una mezcla de dos conceptos ubicados en campos muy diferentes. El primero es la noción de reconciliación nacional y de una "patria para todos", ciertamente muy lejana de las consideraciones de la transitología y cuya carga ético/emotiva deja poco espacio para la seriedad analítica. El segundo, más sustancial, es el ya mencionado desideratum socialdemócrata de la economía social de mercado y su correlato político democrático.

En este sentido, el autor propone la construcción de un proyecto alternativo basado en la inclusión pluralista y en un rol activo del Estado en la protección de los derechos sociales, económicos, civiles y políticos. Esta construcción estaría amparada en dos pactos: uno político que garantizaría la equidad de acceso donde, recordando la vieja metáfora corporativista, la mejor opción para todos debe ser la segunda mejor opción de cada uno; y otro que operaría como un contrato social" garante de la democracia socioeconómica.

Es difícil discrepar del valor programático de esta propuesta, y creo que si ese es el punto de desembarco de la transición, la nación cubana habría logrado el mejor de los mundos posibles. Pero soy menos optimista que el autor, y aunque hay que reconocerle un lugar a la política en la configuración de los modelos, éstos no son únicamente el resultado de la política, o al menos de la política que se puede hacer en los espacios nacionales. Como el autor se encarga de recordar, esta combinación de pactos fue exitosa en algunas transiciones, como las ocurridas en Europa, y un estruendoso fracaso en América Latina. No creo que en este último lugar haya sido un simple descuido de los diseñadores. Fue una exigencia de la acumulación capitalista en la periferia. Y este es el mundo, y no el europeo, que toca a Cuba.

El desideratum socialdemócrata ha sido viable únicamente en aquellas sociedades noratlánticas en las que ha existido un excedente económico suficiente para distender la relación entre el capital y el trabajo, y al mismo tiempo en modelos fordistas de acumulación, en los que los mercados internos eran los lugares primordiales para la realización de las mercancías. Nada de esto es previsible en el futuro capitalista de Cuba.

La inserción de Cuba al mercado mundial globalizado se apoya en la oferta de dos condiciones: mano de obra barata y recursos naturales. Si el actual Gobierno ha logrado evitar los casos de pobreza extrema, ha sido al costo de repartir la pobreza y sólo permitir la prosperidad a grupos muy selectos, que no afectan decisivamente las escalas de distribución. Si ha logrado mantener los servicios sociales, ha sido a expensas de los salarios extremadamente bajos que paga al personal técnico y profesional. Si ha logrado algunos repuntes económicos, ha sido a expensas de la reducción del consumo personal y de la sobre-explotación de una fuerza de trabajo sin amparo gremial consistente. Y ello ha sido posible en el marco de un régimen de encuadramiento y estricto control de los sectores afectados.

Una apertura económica dislocaría este esquema, disparando las desigualdades y, en un mediano plazo, también las demandas sociales. El tránsito de Cuba al capitalismo generará muchos perdedores y unos pocos ganadores, y de hecho ya los está generando. Es lo que el discurso oficial cubano y la academia tributaria llaman —de manera vergonzante— una inversión de la pirámide social, cuando en realidad se trata de la erección de otra pirámide.

Cualquiera que sea la composición de la clase política cubana en el futuro —sean ex-disidentes, funcionarios reciclados, exiliados retornados o lo más probable, una combinación de todos ellos—,tendrá que responder con muchas dificultades a estos retos, sumados a los que se derivarían del mercado financiero internacional. Es un esquema muy frágil de gobernabilidad, que dejará poco espacio para sofisticaciones democráticas que permitan a la gente común incidir en las decisiones públicas y controlar sus vidas cotidianas. Es posible que la propuesta implícita de un ordenamiento neo-corporativo no reducido a las relaciones entre el capital y el trabajo sea el orden político más conveniente que pueda dar cuenta de los requisitos de la democracia y la justicia social, y de las demandas de la gobernabilidad.

Desearía que en este tema tan especulativo mi amigo Alberto Álvarez tuviera total razón, como la ha tenido otras muchas veces. Tanto como deseo que esta no sea su última contribución a las ciencias políticas cubanas. Los lectores deberían revisar esta sugerente obra y participar en el debate, aunque sólo fuese en la soledad del pensamiento.