LA CREACIÓN DE UN FONDO con un máximo de 50.000 millones de euros destinado a rescatar activos de la banca y la elevación hasta 100.000 euros de la cantidad a compensar a los clientes por la pérdida de sus depósitos han sido la respuesta del gobierno socialista español a la crisis financiera que se ha desatado en el continente durante las últimas semanas, atendiendo a las directrices marcadas por la Unión Europea.

La decisión del gobierno plantea varias cuestiones a considerar.

Primero, si llega en el momento adecuado. Segundo, si va a tener los efectos positivos que busca. Tercero, su coste real para la sociedad.

La respuesta a estas tres preguntas sitúa el análisis dentro del marco de la comparación entre objetivos e instrumentos de la política económica, una de las cuestiones más controvertidas a las que se enfrenta un economista a lo largo de su vida. Existe, además, experiencia más que suficiente sobre el impacto que este tipo de medidas tienen sobre la actividad económica, por lo que en este caso, conviene echar un vistazo a otros períodos anteriores en la historia económica, si bien, no cabe duda que la intensidad, gravedad y magnitud de la actual crisis no admite comparación con otros procesos registrados en el pasado.

Por lo tanto, empezando por la primera cuestión, si llega este paquete de medidas en el momento adecuado, la respuesta no parece fácil. La crisis lleva funcionando mucho tiempo, aunque hasta la fecha parece haber sido ignorada o menospreciada. Si se trata ahora de distinguir entre la tranquilidad y la confianza, aspectos que resultan fundamentales para que la economía vuelva a un escenario de funcionamiento adecuado, la medida anunciada puede ayudar a la segunda más que a la primera. La confianza de los bancos en que existe un gobierno dispuesto a salir al rescate en caso de grave quebranto, viene a confirmar que ni siquiera un sistema crediticio como el español, cuya solvencia y eficacia parece incuestionable, puede quedar al margen de una operación de crisis como la que se han registrado en Alemania o Inglaterra. Pueden, por tanto, respirar tranquilos los bancos y confiar en colocar esos activos que lastran sus niveles de actividad crediticia en el fondo anunciado por el gobierno. Pero, ¿cabe esperar tranquilidad para los ciudadanos?

La decisión de aumentar hasta 100.000 euros la compensación por depósitos fallidos puede ir precisamente en contra de lo que pretende conseguir, ya que algunas personas lo interpreten  como una huida adelante ante la crisis, provocando más intranquilidad. Además, ¿qué pueden pensar los españoles cuando en Alemania o Inglaterra se decide que se compense a los ahorradores por la totalidad de sus depósitos? Cierto es que la cantidad fijada es muy superior al depósito medio de los españoles, pero nadie duda que este tipo de medidas van dirigidas precisamente a aquellos ahorradores con mayores ingresos, y por tanto un nivel de ahorro más elevado, cuya preocupación puede ir en aumento. En cualquier caso, el objetivo de la tranquilidad va a tener que esperar algo más.

Segunda cuestión. Los efectos positivos buscados. En suma, que los bancos puedan volver a su negocio sin los pesados lastres de unos activos difíciles de colocar en unos mercados en declive. El negocio bancario consiste en obtener los fondos de los ahorradores y prestarlos en condiciones rentables a los que tienen proyectos de inversión. Aquí la cuestión es tratar de determinar si los mecanismos de transmisión de la economía monetaria a la real están en condiciones de funcionar de forma adecuada, es decir, si van a facilitar de nuevo el regreso a la actividad bancaria tradicional.

Lo cierto es que la crisis financiera está, al menos en una parte relevante, originada por procesos que se han desatado en la economía real, y en tales condiciones, el regreso a la normalidad por medio de la actuación expansiva que pretende el gobierno no consiga sus efectos. Por supuesto que no se está pensando en la “trampa de la liquidez keynesiana”, pero no conviene olvidar que la economía real se encuentra inmersa en una grave crisis que afecta al motor de la construcción, también al sector industrial y de forma más reciente, al sector servicios como consecuencia de la caída del consumo. Que los precios del petróleo en aumento suponen un continuo trasvase de recursos hacia los países exportadores de la OPEP, generando un déficit insostenible en la balanza corriente, y que la inflación subyacente no parece estar bajo control. A ello hay que añadir que la suerte de la política monetaria española está vinculada a las decisiones del Banco central europeo, no muy acertadas hasta la fecha. Por lo tanto, el cuadro de la economía real, con desempleo en aumento y empobrecimiento general de las familias y empresas, apunta a un escenario poco favorable para el regreso a la normalidad del crédito bancario, por lo que el objetivo del fondo puede pasar a un segundo plano en términos de efectos positivos sobre la economía real.

Tercera. El coste real va a ser elevado. Ya se ha estimado en 5 puntos porcentuales más de nivel de endeudamiento sobre PIB, lo que anuncia más impuestos a medio plazo. Conviene recordar los esfuerzos que hizo la economía española para cumplir con los criterios de convergencia y facilitar la incorporación al euro en los plazos establecidos. Aquel esfuerzo de ajuste económico permitió a la inversión privada obtener notables beneficios no sólo de la incorporación al mercado de la unión con una sola moneda, sino de la estabilidad conseguida en los indicadores de actividad pública (déficit y endeudamiento). Ahora se pretende dar la vuelta al calcetín, asumiendo que para financiar el plan será necesario emitir deuda. Y ¿a qué precio?, desde luego a tipos de interés más elevados que justifiquen a los prestamistas colocar sus excedentes en esos títulos del gobierno. Y entonces, ¿qué? La realidad es que la emisión de la deuda por el Estado expulsará a la financiación privada que podría beneficiarse de esos escasos recursos existentes.

Dado que no cabe esperar que el exterior de la economía española ofrezca alegrías financieras en un entorno internacional en declive, la competencia público privada por los escasos recursos disponibles no parece que sea la mejor opción en un entorno de economía real en descenso. Luego está la cuestión de los activos en manos del gobierno. Hay que pensar en lo que piensa hacer el gobierno con ese aumento de su patrimonio en un período de tiempo tan corto. Lógicamente tendrá que darle salida conforme las condiciones mejoren. Si se analiza la evolución a largo plazo de los precios de la vivienda en España, la solución es vender dentro de unos años cuando el ciclo vuelva al alza. Pero, ¿y si además de inmuebles se incorporan otros activos de dudoso cobro y realización? El gobierno ya ha expresado su deseo de que se trate de activos de “calidad”, pero detrás de la titulización masiva practicada por los bancos existen muchos productos de dudosa rentabilidad. ¿Quién se va a responsabilizar de liquidar esos activos a medio plazo? Sería lamentable que los ciudadanos tuvieran que pagar con sus impuestos el alto precio de la irresponsabilidad financiera.

Demasiadas cuestiones en muy poco tiempo. Este es el escenario de la crisis.

Octubre 9, 2008
.................................................................................................................................................................................................................................