Aunque la dramática situación económica creada en Chile por el gobierno de la Unidad Popular no fue el determinante fundamental del golpe de Estado que derribó a Salvador Allende del poder, sí contribuyó de manera decisiva a extender la oposición de la sociedad civil a la política del gobierno. La agonía de la economía chilena entre 1970 y 1973 no fue el resultado de conspiraciones internas o externas destinadas a hacer fracasar el proyecto de cambio impulsado por la izquierda, sino la consecuencia directa de un proyecto destinado a establecer un sistema socialista mediante la absorción por parte del Estado de la mayoría de los medios de producción y la eliminación real del derecho de propiedad. Este programa tuvo como base las llamadas "Cuarenta Medidas Básicas" acordadas por los partidos que integraban la Unidad Popular. El efecto de su aplicación fue el colapso económico del país.

La destrucción de la propiedad privada se produjo al margen de los cauces parlamentarios y mediante el uso ilegítimo de la ley. Allende utilizó una corporación pública, la CORFO, para intentar controlar los bancos. A tal fin ofreció por sus acciones precios superiores a los del mercado. Ante el fracaso de esta operación, el ejecutivo recurrió a "resquicios legales" que le permitieron intervenir la actividad bancaria y controlar totalmente el crédito. Ese mismo instrumento fue utilizado para expropiar las empresas chilenas más importantes. En 1973, el Estado era "propietario" del 70% de la industria. Al mismo tiempo se nacionalizaron sin indemnización alguna millones de hectáreas, el 90% de la tierra, hecho que fue precedido por la ocupación violenta de buena parte de ellas por los militantes y simpatizantes de la Unidad Popular. La acción de Allende en este terreno es una copia exacta del método empleado por Fidel Castro para dominar la economía cubana y sus efectos fueron finalmente los mismos: un descenso abrupto de la producción y de la inversión.

Con la finalidad de estimular la economía y "beneficiar" a las masas trabajadoras, la Unidad Popular impulsó un extraordinario incremento de la cantidad de dinero en circulación y expandió de modo espectacular el déficit público, un programa keynesiano clásico. Este modelo provocó momentáneamente un aumento espectacular del consumo, un repunte de la producción mientras la inflación se mantenía bajo control, el 22% en 1971, gracias a un estricto control de precios. Sin embargo, esta política no era sostenible. La cuantiosa emisión de dinero y la disponibilidad decreciente de bienes se hacen notar a finales de ese año y se produce la primera manifestación multitudinaria contra el gobierno, la "marcha de las cacerolas". A lo largo de 1972, ese proceso madura. El impacto redistribuidor buscado por el gobierno se pierde en su totalidad, el ingreso real cae, el desempleo se acelera y la protesta popular se dispara. El control de precios se traduce en la aparición del racionamiento y en la creación de un próspero mercado negro. En 1973, la crónica de un caos económico anunciado comienza a expresarse con toda su crudeza. La producción minera, la agropecuaria, la industrial se hunden. Si se toma el tipo de cambio medio existente a fines del período de la Unidad Popular, la pérdida de PIB representa una cifra de 5.000 millones de dólares, lo que equivale a la producción de cobre de siete años valorada al precio medio del metal de 1972 y de 1973.

En los ámbitos monetario y fiscal, la coyuntura se deterioró a marchas forzadas. En 1973, el déficit público se situó en cifras espectaculares, la cantidad de dinero aumentó en un 300% y Chile entró en la hiperinflación. La distorsión del sistema de precios fue total. Si se observa el tipo de cambio oficial se muestra una diferencia de más de 110 veces entre el correspondiente a la importación de productos alimenticios y el que se paga en el mercado negro. Se produjeron situaciones ridículas como la de que un saco de harina vacío resultaba más caro que el lleno o que el precio del huevo ascendía a 20 escudos por unidad mientras el precio oficial de la gallina era de 60 escudos. Todo esto era un resultado inevitable de la política de Allende.

Como era inevitable, esta crítica coyuntura interna se vio reflejada en el sector exterior. La irracional política cambiaria del momento hacía que, dependiendo del tipo de cambio, una camisa podía costar entre 0.75 dólares y 95 dólares. El desplome de la producción y el "boom" artificial del consumo elevaron las importaciones de alimentos hasta los 650 millones de dólares, cifra similar a los retornos obtenidos por las exportaciones de cobre, mientras las ventas al exterior se derrumbaban. Por último, Chile se vio obligado a declararse en bancarrota ante la imposibilidad de pagar la deuda externa. En septiembre de 1973, el Banco Central tenía en caja tres millones de dólares, el costo de importar alimentos dos días. El país estaba en quiebra técnica.

La vía chilena al socialismo destrozó la economía con la finalidad de lograr el control total del país. Desde esta perspectiva, el manejo de los asuntos económicos estaba al servicio de un propósito político como sucede siempre en los Estados comunistas. Si se aspiraba a instaurar un orden marxista-leninista era necesario acompañar la toma política del poder de una estrategia de desmantelamiento de los mecanismos propios de una economía de mercado, entre ellos y principalmente, la propiedad privada. Sin embargo, el golpe dado por las Fuerzas Armadas no tuvo ese origen. Este debe buscarse en el objetivo estratégico de crear un modelo de Estado similar al vigente en Cuba o en los demás países del área soviética, atropellando la Constitución y violentando la legalidad. Desde esta perspectiva, la supresión del capitalismo era un elemento esencial para construir un sistema totalitario.

* Lorenzo Bernaldo de Quirós es presidente de Freemarket International Consulting en Madrid, España y académico asociado del Cato Institute (Washington D.C.), en cuya página web (www.elcato.org) apareció este artículo el 1º de octubre de 2003.