El
sistema de pensiones chileno:
un modelo liberal que funciona
Por: Tomás G. Muñoz
Junio
2, 2004
En
estos últimos años, Chile
casi no es noticia: la máquina económica marcha bien,
lo mismo bajo gobiernos democristianos o socialistas. Lejos estamos
de
aquel
Santiago que conocí por
primera vez en 1955, destartalado, lleno de mendigos, los rotos por
doquier, y una versión lugareña de Pedro López
Lagar en cada esquina. Hoy, hoteles y centros comerciales han
proliferado, el área urbana central está limpia
y reconstruída,
santiaguinos y santiaguinas andan bien vestidos, funciona un
eficiente metro.
Entre
los éxitos estelares de Chile figuran las AFPs
o Administradoras de Fondos de Pensiones, que
funcionan con múltiples variantes en Iberoamérica,
Europa, Asia y África —Bolivia, Perú, Colombia,
Bulgaria, Polonia, Hungría, Suecia, Eslovenia, Egipto,
Corea, Sri Lanka, Nigeria, Pakistán, y otros que elevan
la lista a 100 países.
El
origen de las AFPs chilenas, en 1981, se atribuye a José Piñeira
(entonces Ministro de Trabajo) y a sus Chicago Boys,
antiguos alumnos del Nobel de Economía Milton Friedman en la
Universidad de Chicago. Curiosamente,
la legislación inicial simplemente pretendía desactivar
la bomba de tiempo que era la Seguridad Social de Chile —así diagnosticaron
los creadores de las AFPs— en vista de que el país
acusaba crecientes expectativas de vida y bajas tasas demográficas.
En
sus inicios, el sistema era simple: el trabajador podía
cotizar sus pensiones (10% de sus salarios) a la Seguridad Social
o a la que a la AFP que aquél libremente escogiera; cada
seis meses, tenía el derecho de cambiar de AFP por el
motivo que fuese; las inversiones de la administradora estaban
limitadas a títulos del Estado y depósitos bancarios;
las AFP garantizaban una rentabilidad mínima (1);
y estaban sujetas a una estricta supervisión de la Superintendencia
de AFPs y el Ministerio de Trabajo.
Los trabajadores
chilenos respondieron con entusiasmo: desde los primeros años
del programa, 95% optaron por colocar sus fondos con AFPs, y
con razón: el retorno dolarizado ha
promediado un 10% anual desde 1984, lo que eventualmente resultará en
pensiones más que decorosas. Como el chileno promedio
ahorra 5% del PIB (cerca del 20% del ingreso disponible), las
AFPs crecieron enormemente: en 1981, éstas manejaban un
total de US$ 17 millones, que hoy sobrepasan los US$ 50 millardos
(una expansión de casi 3,000 veces). Y la competencia
de captación ha sido durísima: las 12 AFPs establecidas
en 1981 pasaron a un pico de 22 en 1996; hoy son sólo
seis, en su mayoría de capital chileno.
Naturalmente, las
autoridades se vieron obligadas a flexibilizar las reglas del
juego originales. Hoy, los fondos pueden invertir
en renta variable y fija, en pesos chilenos y divisas, en proyectos
de infrastructura: la autopista Santiago-Viña del Mar
la financiaron las AFPs. Y desde 1988, se permitieron las pensiones
de pre-jubilación, que desde entonces han aumentado de
$258 a $318, ambos mensuales. Comparativamente, un jubilado estadounidense
recibe un promedio de $925 de su Social Security, aunque el ingreso
per-capita en Estados Unidos es ocho veces mayor que el de Chile.
Las
AFPs chilenas constituyen el más grande pool de fondos
en Iberoamérica —algo notable, si se considera que
el PIB chileno es el sexto en la región (2).
Y el país
ha reducido drásticamente su dependencia de capitales
golondrina o, para el caso, inversión extranjera.
El esquema ha beneficiado tanto a los jubilados chilenos como
a la economía
en general, un rotundo éxito. Pero, en la convulsa
Iberoamérica,
el liberalismo bien aplicado no es noticia.
1 - Definida como la media ponderada de la rentabilidad
de todas las AFPs, lo que favorece la competencia.
2 - Después de México, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela.
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