POR ELÍAS AMOR BRAVO, Valencia
¿Es Cuba una prioridad?

Rodríguez Zapatero ha declarado en el diario alemán Welt Online que “Cuba no es una prioridad”. A nadie debe extrañar esta reacción. Numerosos problemas tiene el presidente español en la agenda de asuntos a tratar, como para cargarse de uno más, y especialmente complejo.

La posición de Zapatero sobre la prioridad que representa el régimen castrista no es baladí.

Por lo pronto, confirma, en primer lugar, que no existe unanimidad en el gobierno español, ni en el partido que lo sustenta, ni tampoco acuerdo entre el presidente y su ministro de exteriores, cuyo empeño en tirar por la borda la Posición Común de la Unión Europea le ha llevado a distanciarse de algunos dirigentes europeos, sobre la forma de gestionar las relaciones con el régimen comunista de La Habana.

Segundo, que a Zapatero no parece interesarle demasiado la deuda de las empresas españolas en Cuba, situada en torno a 1.000 millones de euros, según algunas estimaciones. No deja de ser curioso que sea Cuba uno de los pocos países de América Latina con los que el comercio exterior español sea favorable a España. Sin embargo, las empresas cubanas, que se benefician de esa compra a crédito y de generosas ayudas para financiar sus adquisiciones, no se comportan de forma leal cuando se trata de pagar sus deudas. Si en 2009 la situación ha sido especialmente complicada para el cobro, nada hace esperar que 2010 vaya a ser mejor.

Tercero, que el asunto de los derechos humanos, los presos políticos que malviven en las cárceles cubanas, o la libertad de expresión, tampoco parece ser una prioridad para el presidente español. Malo. Los demócratas de todo el mundo deberían mostrar toda la solidaridad, y en el caso cubano, cuando a los que defienden las mismas posiciones que los demócratas españoles, se les acosa, persigue y envía de forma injusta a la cárcel, se les prohíbe su libertad de expresión y se les castiga de forma implacable.

Si, como dice Zapatero, la política de la Unión hacia Cuba carece de prioridad durante el mandato español en el primer semestre, le recomendamos entonces que mantenga la Posición Común, tal y como está actualmente.

Primero, porque si no existiera, el régimen estaría obteniendo beneficios de numerosos programas y ayudas económicas y financieras de la Unión, sin atender las demandas de libertad, pluralismo y respeto democrático, aplastando a los demócratas y limitando su capacidad de funcionamiento.

Segundo, porque los disidentes, los presos políticos, los que luchan por la democracia y la libertad en Cuba necesitan sentir el apoyo de los demócratas de todo el mundo para continuar defendiendo sus ideales, para alcanzar en la Isla un marco político similar al que existe en otras sociedades, como la española.

Esto último lo comprenden muy bien los dirigentes democráticos de los países del Este que hace apenas 20 años se encontraban sometidos a la dictadura comunista soviética, y que ahora liberados de esas cadenas, desean para Cuba una evolución a la democracia y la libertad similar a la que ellos han experimentado.

Tercero, porque la Posición Común ha mostrado una notable eficacia para mejorar el marco conjunto y coordinado de la política de Estados Unidos y Europa hacia la dictadura comunista cubana. Si, es cierto que para muchos el régimen no ha realizado las concesiones que se le exigen aun existiendo la Posición Común pero, por la misma razón, cabría preguntarse qué tipo de actuación desalmada podría haber tenido la dictadura sin la existencia de esa presión internacional, ciertamente débil, pero al fin y al cabo, presión.

España debe liderar una nueva política hacia Cuba durante el semestre de su mandato europeo, pero en la línea marcada por la Posición Común, reforzando los mecanismos que continúan sin aplicarse, como el trato de favor a los disidentes, permitiendo el acceso de los mismos a las embajadas, facilitando la difusión en la Isla de la información plural, y combatiendo la miserable cerrazón de los gobernantes.

Para empezar, una buena actuación podría ser la observación y vigilancia, por expertos independientes, de la “farsa” de elecciones a los ayuntamientos que ha sido convocada recientemente por Raúl Castro.

La posibilidad de que participen en esas elecciones, manipuladas y controladas por el aparato del régimen, los grupos de disidentes organizados, como los liberales o social demócratas, ofrecería una muestra de buena voluntad y de capacidad para comprender lo que está exigiendo Occidente a la última dictadura comunista de América.

La libertad para que candidatos de las organizaciones de la disidencia participen en el proceso electoral, hagan llegar sus proclamas y mensajes a la sociedad, y tengan acceso a los medios de comunicación, estatales en su totalidad, podría dar a Moratinos una justificación para que la Unión Europea atendiera sus demandas de cambio en la política.

Tan convencidos estamos de que en presencia de Fidel Castro cualquier cambio hacia la democracia y las libertades, resulta imposible en Cuba, que este argumento, optimista e idealista para algunos, puede tener suficiente fuerza para confiar en una eventual transformación del régimen. No hay que hacerse ilusiones.

Enero 10, 2010
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